28 sept. 2012

Bajo la alfombra estan los datos

No sabía yo esto de la Reboxetina que he encontrado en Principia Marsupia. Estas farmacéuticas siempre superan la mejor de las ficciones...

"El escándalo de la reboxetina debería haber encendido todas las alarmas. Aprobada en muchos países europeos desde finales de los 90, la reboxetina es el principio activo de un fármaco para la depresión clínica.

En año 2010, un grupo de investigadores alemanes publicó en el British Medical Journal un estudio que demostraba que no sólo el medicamento era inefectivo, sino que, además, la compañía farmacéutica había ocultado a la comunidad médica aquellos tests que le eran desfavorables. De 7 ensayos clínicos contra placebo, 6 mostraban que la reboxetina no era más eficaz que el placebo. Ninguno de esos 6 estudios fue publicado en revistas científicas. Además, en los ensayos clínicos contra otros antidepresivos, la compañía farmacéutica había eliminado tres cuartas partes de los datos.

(Nota: el artículo del British Medical Journal que destapó el caso es gratuito y podéis leerlo aquí).

Inexplicablemente, en España la reboxetina sigue siendo comercializada por Pfizer bajo los nombres “Norebox” e “Irenor” (números de registro 61969 y 63157 en la Agencia Española del Medicamento). La agencia federal que supervisa los fármacos en los EEUU (conocida por sus siglas, FDA) nunca aprobó la reboxetina por falta de eficacia probada."

27 sept. 2012

De postmedicina y decrecimiento

Aprovechando la convocatoria de las III Jornadas Nacionales NoGracias-Farmacriticxs, que tendrán lugar en Murcia los días 26 y 27 de octubre, se ha puesto en pie un blog en el que van apareciendo artículos que creo merece la pena revisar en torno a esta propuesta de revisar el modelo médico bajo los criterios de la sostenibilidad y la justicia social.

Para entender mejor de qué va esto, nada como leer la   introducción a las jornadas, o alguno de los artículos que van apareciendo, como “Decrecer en Sanidad para crecer en salud”.

Pasen, vean, reflexionen, dialoguen...

22 sept. 2012

Desde otros lados

Aunque con muchas interrogantes abiertas, creo que merece la pena echar un vistazo a la propuesta de "La otra salud es posible", tanto por algunas propuestas interesantes que incorpora como por lo que nos puede ayudar a cuestionar nuestras prácticas a quienes nos hemos movido hasta ahora en centro de (esta) salud.

"La salud es un derecho de carácter público, un bien común, ni estatal ni corporativo -¡de todos!- que tenemos el deber de promover.

La autogestión de la salud es una aspiración justa y necesaria para el conjunto de la sociedad que requiere acciones para desarrollar centros de salud a la altura de este objetivo. La salud no puede ser un negocio, por lo tanto, nuestras conciencias tampoco puede ser mercancías al servicio de los estados, las farmacéuticas y el resto del sistema sanitario.

No podemos obviar la importante lucha que se está desarrollando en el seno de la salud pública contra el camino que ha emprendido el poder hacia la rentabilidad de la salud mediante la reconversión de lo público en privado. No obstante, la lucha no debe ser únicamente por la recuperación de un puesto de trabajo o de un hospital privatizado. Es necesaria otra salud, un nuevo paradigma entorno a la salud que abra el camino para el desarrollo de un sistema de salud al margen del modelo hegemónico.

 La salud pública cooperativista surge de los fundamentos históricos del movimiento popular en defensa de la salud como un derecho."

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Fuera del Sistema

En algunos medios de comunicación se han hecho eco de la controversia suscitada en Francia por la publicación por parte de dos personalidades reconocidas (un célebre profesor, urólogo, diputado y ex-ministro del partido conservador Unión por un Movimiento Popular (Bernard Debré) y el director del prestigioso Instituto Necker y antiguo Decano de la Facultad de Medicina de París (Philippe Even))de una "Guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos". El libro regala jugosos titulares, como que el 50% de los medicamentes disponibles en Francia son inutiles, el 20% no son bien tolerados y hay un 5% por ciento potencialmente peligrosos. En realidad no es algo que no se haya dicho antes, pero si que es interesante el eco que se ha producido por venir de dos personas "del sistema".

Sería interesante que esto permitiera tomar en serio la propuesta que hacen los autores del libro: Es urgente hacer una “gran limpieza” en las farmacias francesas, desterrar productos inútiles, salir al paso de presuntos medicamentos que pueden ser peligros y, finalmente, recordar a los poderes públicos que todo ese desorden también tiene un costo muy gravoso para la economía nacional.

Mientras tanto, en España se plantea que para hacer sostenible el sistema sanitario (como si no lo fuera) hay que "limpiarlo" de inmigrantes no regularizados (que aparte de la inmoralidad del asunto, genera un suspuesto ahorro ridiculo si lo enfrentamos con el que sería posible si se planteara en serio el uso eficiente de medicamentos), mientras que los criterios utilizados para sacar algunos de los fármacos excluidos últimamente de la financiación pública chocan frontalmente con la evidencia científica.

Así están las cosas, aunque no nos las cuenten en voz alta...

6 sept. 2012

Gastando el Sistema

Una pequeña dosis informativa muy clarificadora aparecida en Saludyotrascosasdecomer:


Holanda =  año 2009 11.2% PIB (9.5% público)// Año 2005= 9% (5.9% público)

España= año 2009 9.5% (7% público)// Año 2005= 8.2% (5.8 público)

EEUU= año 2009 17.4% (8.3 público)//Año 2005 =15.7%  6.9 Público
o

Dados evolución Gasto sanitario en el PIB Fuente OCDE[1].
 
Las distintas tablas muestran datos de la OCDE y una comparación, por supuesto odiosa, del gasto sanitario sobre el PIB en 2005 y 2009 entre tres países EEUU, Holanda y España.
Es interesante ver la evolución de Holanda de 9% a 11.2% y en gasto público de 5.9% a 9.5%, porque en 2006 el gobierno holandés reformó completamente el sistema sanitario hacia un aseguramiento privado obligatorio, frente a lo que tenían antes más parecido a nuestro sistema de salud.

Con estos datos tenemos los siguientes hechos consumados[2]:
  • El establecimiento de un aseguramiento privado obligatorio en Holanda en 2006 aumentó el gasto sanitario total un 5% anual. 
  • Las familias holandesas gastaron un 41% más frente al modelo anterior (seguro público de salud). 
  • El 3% de la población holandesa se quedó sin seguro (al no poder pagar o no estar asegurados), teniendo que ser cubiertos por gasto estatal. 
  • Al año siguiente de la reforma, sólo el 5% de los asegurados cambiaron de seguro, en un 80% debido a las decisiones de sus empresarios, no por voluntad propia.
  • El 65% de los holandeses, cuatro años después de la reforma, no confía en sus planes privados de salud.

[1] Country statistical profile: United States, Spain and Netherlands - Country statistical profiles: Key tables from OECD - OECD iLibrary», s. f. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-states_20752288-table-usa.
[2] Okma, Kieke G.H., Theodore R. Marmor, y Jonathan Oberlander. «Managed Competition for Medicare? Sobering Lessons from the Netherlands». New England Journal of Medicine 365, no. 4 (julio 28, 2011): 287–289.

5 sept. 2012

Cuerpos políticos

Aunque centrado en dos estudios de casos en Francia, resulta muy interesante y cuestionadora la reflexión que Didier Fassin realiza en artículo "Gobernar los cuerpos" sobre el papel clave que juega el "cuerpo vivido" en la relación con las instituciones gubernamentales, desplazando o incluso haciendo desaparecer la lucha por el reconocimiento de los derechos, que se ve sustituida por llamados a la compasión y el reconocimiento del mérito.

¿En cuantos procesos (en las consultas, en las centros del Servicios Sociales, etc.) se dan dinámicas cómo la que refleja el siguiente parrafo? ¿Y qué consecuencias tienen?

"El sujeto debe exponerse frente al Estado o más bien delante de sus representantes o expertos, deber contar su vida librando sólo los momentos más susceptibles de emoción, tiene que mostrar su cuerpo a veces físicamente y otras tantas narrativamente, para de alguna manera obtener reconocimiento de derechos, y debe reproducir esta escena delante de una pluralidad de instituciones y agentes que tienen, en diversos grados, los poderes de decisión sobre su existencia (hasta llegar al punto en que el pobre o el extranjero le cuentan su vida o su enfermedad al portero de la prefectura, sin tener en cuenta ni por un momento la confidencialidad); todo esto no está ciertamente exento de consecuencias sobre el doble proceso de subjetivación y sujeción, dicho de otra manera, de construcción de sí y de sumisión al Estado. Cuando la mujer desempleada. acostumbrada a recibir un subsidio o un ingreso mínimo como derecho y ocasionalmente a salir a la calle para manifestar con la intención de defenderlo, debe posicionarse frente al Estado en una relación de obligación, presentarse como víctima exhibiendo las pequeñas y grandes miserias a las cuales su cuerpo está incesantemente expuesto (el hambre, el frío, la enfermedad), es razonable entonces pensar que la idea que ella se hace de sí misma y de su relación con el mundo social se encuentra afectada por ello. Cuando un solicitante de asilo cuya demanda ha sido rechazada, dice que si él tuviera una patología para hacer valer, podría intentarlo de nuevo para finalmente obtener el título de residencia tan deseado, no como refugiado político sino por razones humanitarias, en nombre muchas veces de problemas psiquiátricos generados por su propia situación desesperada (lo cual hace que la tarjeta tenga en sí misma un valor terapéutico), se entiende que la percepción que él tiene sobre su lugar en la sociedad que lo acoge no está indemne. Sin embargo, la cuestión es muy compleja porque se está redoblando el proceso de victimización que opera en estos dispositivos al considerar que los individuos se someten en cuerpo y alma en esta empresa que los constriñe a exponer su vida como un aval moral para merecer la generosidad pública. Entre las competencias sociales que manifiestan los dominados se encuentra esa capacidad de resistir a la multitud de solicitaciones a las cuales están sometidos: a través del silencio, de la capacidad de sacar ventaja, de la contestación —verdadero aprendizaje de la socialización en la dominación."

4 sept. 2012

Regreso al pasado

Un interesante texto de Joan Benach aparecido hace unos días en El País.



La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto al Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista dos tercios de la población tenía alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993 dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público. 

En 1991, el “Informe Abril” se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). 

A finales de la década de los 90 el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. En Cataluña, se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada “Ley Omnibus” contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.

A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, éste se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en “shock” por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto-Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia  que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda  mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que sólo consuman los “clientes” que puedan pagarla.