14 sept. 2016

Sobre la ciudadanía biológica

Leer a Didier Fassin siempre resulta una aventura, porque no para de abrir ventanas y cerrar las salidas fáciles para cuestiones que muchas veces cerramos en falso. Por eso su documento "El hacer de la salud pública" debería ser lectura obligada para todas aquellas personas a las que interese el tema. Acá rescato el final, en el que extrae las consecuencias de una serie de casos de saturnismo en casa de bajas renta que salieron a la luz en Francia en los años 90 y que terminaron con un cambio legislativo a finales de esa década:

"La salud pública es esta actividad cultural por la cual un hecho biológico – la intoxicación por plomo de los niños- es construida como hecho social. Una  epidemia de saturnismo infantil. Con su cifras e imágenes, sus características económicas, sus modelos etiológicos y sus respuestas prácticas. Pero también es, de manera simétrica, esta actividad cultural por la cual un hecho social- la precarización económica y jurídica de las familias inmigrantes y su marginalización en los segmentos más insalubres de las habitaciones- puede ser leído como un hecho biológico. A saber, una enfermedad de la cual se reconstituye su trama para combatirla. Es decir, es también política.

(...)

Si aceptamos que la salud pública, como situación, es también producida socialmente por las condiciones de existencia y los modos de vida, por el ambiente doméstico y el medio de trabajo, y de manera más global, por los grandes procesos que estructuran nuestras sociedades, entonces la dirección de intervención resulta claramente indicada. Se trata de hacer la lucha contra las desigualdades sociales, como prioridad y como grilla de lectura e instrumento de evaluación de la acción pública, y más específicamente, de la salud pública. ¿Cómo reducir las desigualdades? Esta debería ser la pregunta acuciante de toda política social o sanitaria, en lugar de:¿cómo mejorar un estado medio de salud? Estamos lejos de eso. La ley de salud pública del 9 de agosto de 2004, la primera tras un siglo, no considera esta propuesta, Mientras que la reducción de las desigualdades de salud es uno de los nueve principios generales anunciados, su articulación en los cien objetivos es casi inexistente. Los instrumentos para evaluar la eficacia de las acciones al respecto no existen y el ministerio de salud ha rechazado una propuesta parlamentaria, que incluía la consideración de los factores de desigualdad en salud y prefiere una formulación que se limita a las actividades de cuidado, prevención y promoción de la salud. O, como se ha visto con el saturnismo infantil, una lucha eficaz contra esta enfermedad particularmente desigual debería movilizar también a otros sectores, más allá de salud.

En fin, la dimensión política de la salud pública se puede entender en un sentido
más vasto. Detengámonos un poco. Para que el Estado se comience a preocupar por las condiciones a menudo sórdidas de las habitaciones populares, las más precarias en las habitaciones vetustas de las grandes ciudades y de sus barrios, ha sido necesario que los niños estén gravemente intoxicados y más aún, que sus casos sean objeto de publicidad, y toda la acción de las organizaciones humanitarias (no olvidemos que los dos ministros que han llevado el proyecto de ley, apoyados por las mayorías parlamentarias diferentes, son fundadores de Médicos sin Fronteras). Lo que el atentado a la dignidad humana no había provocado, se ha obtenido mediante el argumento sanitario y a veces el llamado a la compasión. Otros ejemplos pueden dar cuenta de esta evolución moral: para hacer aceptable los cuidados a los heroinómanos, se ha debido mostrar, que ellos no eran marginales peligrosos para otros y sujetos de una acción policial, sino seres psicológicamente sufrientes, con riesgo de infecciones, y necesitados de medidas médicas; para regularizar los extranjeros, cada vez más se invoca una enfermedad grave que tiene resultado, cuando todas las otras vías de recurso se han cerrado.


A menudo hoy, el cuerpo ha devenido el último recurso por el cual se justifica una acción pública, basándola en la generosidad con los más débiles y dominados. Se tiende a definir lo que Adriana Petryna llama una “ciudadanía biológica” por la cual las personas mas precarizadas encuentran un lugar en la ciudad por la enfermedad – y aún, me atrevo a decirlo, gracias a ella. La salud pública ocupa un lugar creciente en la acción pública, todos apelan a ella para hacer valer prerrogativas, y de una manera general, que la consideración de los trastornos del cuerpo se ha vuelto más presentes en nuestras vidas, en alguna medida puede ser motivo de satisfacción. Pero debemos preguntarnos sobre el significado y las implicaciones del contrato social que vincula a los miembros de nuestra sociedad, como una tendencia creciente a legitimar por el sufrimiento o la enfermedad, los derechos que debemos reconocer a los más precarios o vulnerables. Ante esta cuestión ética y política, los actores presentes y futuros de la salud pública no pueden permanecer indiferentes."


8 sept. 2016

#eldañoestahecho

Para completar el artículo recogido en la entrada anterior nada mejor que escuchar a la realidad, como se lanzaron a hacer en un barrio de Mallorca, para entender mejor los efectos de criminal decreto ley que cambió nuestro sistema sanitario.


#eldañoestahecho from Marina Trigueros on Vimeo.

23 ago. 2016

Sin perdón

Por su interés, copio este artículo de Juan Luis Ruíz-Giménez aparecido en Diagonal.

 

La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012


En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.

Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomas con respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.

Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardado cuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.

La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.

El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.

Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:

En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.

Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.

Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.

Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.

La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.
 
En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.

Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.

Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.

En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.

Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.

Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.

Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.

La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.

Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.

La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.

En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de 'prestaciones sanitarias gratuitas' o 'bonificadas' con total desconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagando un sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.

Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.

Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

17 ago. 2016

Cuando brota la vida

Información extraída del artículo "La Geria o el viñedo surrealista"

"Entre 1730 y 1736, una sucesión de erupciones volcánicas cubrió de lavas y cenizas gran parte de la isla de Lanzarote. Lejos de amilanarse por la contrariedad que supuso la desaparición de las mejores tierras de cultivo, los isleños buscaron ingeniosas soluciones que acabaron por mejorar la producción agrícola local.

Una de las zonas más afectadas por las erupciones fueron los valles interiores. Algunas zonas se cubrieron con más de dos metros de lapilli (pequeñas piedrecitas volcánicas de color negro que los locales llaman picón). A través de pruebas, los campesinos descubrieron que los restos de las erupciones ayudaban a conservar la escasa humedad que riega los campos de la isla. Estas piedrecitas son higroscópicas, esto es, atraen al agua y la conservan en su interior. Los cultivos cubiertos con este tipo de materiales mantienen de manera natural la humedad; algo muy valioso en un lugar como Canarias.

En La Geria, paisaje protegido por el Gobierno de Canarias, había que solventar, a parte de la secular racanería de las nubes, otro problema: el viento. La solución fue ingeniosa. Había que cavar agujeros de hasta dos metros de profundidad para buscar el suelo agrícola primitivo. Los agricultores aprovecharon esta contingencia para proteger, de esta manera, los cultivos de la acción del viento. Una complicada red de muros y barreras de piedra completan el ingenio. El resultado es un mosaico increíble que convierte al lugar en uno de esos sitios casi surreales de los que hay pocos."



Leyendo estas líneas, que tan bien recogen no solo el paisaje, 
sino la capacidad de diálogo del ser humano con la naturaleza 
para conseguir que brote la vida incluso en las condiciones más adversas, 
no hago más que preguntarme si no es este un modelo a seguir y promover como ejemplo y no sólo como excepción curiosa. 

¿Cuándo nos decidiremos a apostar por unos cuidados que nos permitan profundizar en nuestras raíces, más allá de la tierra quemada que pueda haber, con una protección suficiente frente a la intemperie, pero que al mismo tiempo nos permita crecer en libertad?

¿Cuando apostaremos de verdad no sólo por solventar lo aparente, 
sino por crear las condiciones que nos permitan 
a cada uno y a cada una 
generar vida a nuestro alrededor? 

¿Cuándo? 

29 jun. 2016

Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas


Serie completa

Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar

Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede

Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien

Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar

Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán

Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia

Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas

12 jun. 2016

Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia

Hace unos años nos invitaron a participar con algunas personas en situación de pobreza en una jornada para poner en común las diferentes visiones de éstas y de los profesionales de asociaciones y entidades que trabajan "en el sector". La propuesta de partida, muy interesante, consistía en que quienes viven en condiciones difíciles pudieran mostrar a través de algunas fotos hechas por ellxs mismxs cuál es su realidad. Dicho y hecho. Dos mujeres, vecinas del mismo barrio, cogieron la cámara de fotos que les prestamos y se lanzaron a recoger todo el proceso de recuperación de alimentos de la basura que hacían de manera rutinaria cuando se acababa, a los pocos días, la escasa renta de integración que recibían. Aunque se pueda pensar que no hay mucha miga en un procedimiento así, tiene su historia con múltiples detalles: cómo elegir el mejor momento para el día, que no depende sólo de cuando pueda estar más lleno el contenedor sino también de no llamar mucho la atención del vecindario, para así escapar de las miradas y comentarios posteriores; cómo detectar cuáles pueden ser las bolsas con más alimentos a recuperar y en mejor estado; cómo tratar lo recuperado para que tu propia familia no sienta que está comiendo "de la basura"... Muchos detalles que supieron recoger a través de una serie de fotografías realizadas con mucha inteligencia y oportunidad.

Con éstas imágenes en la mochila llegaron las dos mujeres al día del encuentro. Pero pronto decidieron dar marcha atrás: una sala llena de gente desconocida, muchas de ellas trabajadorxs de diferentes instituciones de intervención social. "¿Qué van a pensar cuándo vean estas fotos y que comemos de lo que hay en la basura? ¿Y si hay alguien aquí que conoce a mi trabajadora social y ésta se entera? Lo mismo me quitan a los niños". Ahí terminó la jornada para nosotrxs, y las fotos, como podía ser de otra manera, a la basura.

Hace unos meses, en la presentación de una propuesta de dinámica participativa de personas en pobreza de cara al Ayuntamiento de Madrid, otras dos mujeres se atrevieron a tomar la palabra y dar su opinión sobre el funcionamiento de los servicios sociales. Su intervención generó polémica. Tras ella, una trabajadora social tomó la palabra para decir que su desconfianza respecto a ellxs es exagerada, que no tienen que tener miedo a que les quiten a sus hijxs, que eso nunca se hace salvo en casos excepcionales. "Yo no es que tenga miedo a que me quitéis a mis hijos por lo que me hayan contado. Es que ya me los quitásteis y me costó años recuperarlos", contestó con firmeza una de ellas.

------------------------------------------------------

Generalmente, cuando abordamos lo comunitario, cuesta profundizar en las diferentes realidades que ese ámbito contiene. Así, el glosario de Promoción de la Salud de la OMS define Comunidad como "Grupo específico de personas que viven en una zona geográfica definida (barrio, pueblo, mancomunidad, ciudad...), comparten cultura, valores y normas y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas."

Esta definición delimita la comunidad como un colectivo mucho más homogeneo de lo que suele ser en realidad. Se invisibilizan así las complejas conformaciones de las comunidades geográficas, o la multicomunitariedad que convive en los territorios y lo que eso conlleva (a veces a nivel de conflictos, pero también de riquezas y activos). Por otro lado, en la definición clásica de desigualdades sociales en salud se señala la desigual distribución de recursos y riquezas, pero no se dice nada del reconocimiento, del "ser tomado en cuenta", que es un factor también muy determinante de la salud del que pocas veces se señala su importancia, aunque quienes sufren de esta falta de reconocimiento lo indican siempre entre los aspectos prioritarios. 

Cada barrio, cada territorio, está conformado por una "comunidad de comunidades", diferentes colectivos que configuran la realidad de éste. Se trata de colectivos formados por personas que comparten un lugar social específico con sus propios valores, normas y cultura, construidos a partir de unas experiencias, formaciones y actividades compartidas que determinan su visión de la realidad. Así, por ejemplo, podríamos señalar la comunidad de vecinos reconocida como tal y la comunidad de profesionales que intervienen en la zona, pero también, frecuentemente olvidadas, hay otras comunidades invisibles, las de quiénes habitan los márgenes del sistema social, con poco reconocimiento pero conformando una red con una incidencia propia en el territorio (hablo fundamentalmente de redes de apoyo y sostén mutuo, no nos encerremos en la idea de redes mafiosas o criminales, que es a lo que nos lleva el imaginario "normalizado"). Cada uno de estos grupos constituyen así comunidades específicas que desde su posicionamiento pueden realizar aportaciones en torno a la cuestión de la salud y sus cuidados que es necesario reconocer y valorar para así ponerlas en diálogo y poder buscar acciones conjuntas. Todas ellas, si les damos oportunidad y las reconocemos como tal, pueden funcionar como Comunidades Activas en Salud.

Sin embargo, esto no es algo que pueda proponerse sin más esperando una respuesta espontánea a nuestra buena voluntad. Para quienes han experimentado a lo largo de toda su vida que su palabra no es tomada en cuenta, que su saber no es reconocido y que siempre hay otras personas expertas, con títulos a cuestas, dispuestas a enseñarles el "buen camino" por las buenas o por las malas si es necesario (con diversos instrumentos en su mano para imponer sus directrices), no es fácil participar en pie de igualdad. Acá van algunas condiciones y seguridades que favorecen esta participación, extraídas del documento "Pobreza extrema, participación y acceso a los derechos fundamentales para todas las personas" 

  • Reconocer la aportación de las personas en situación de pobreza y tener la voluntad de trabajar juntos para poder formarnos todos. Se trata de admitir que tienen, colectivamente, algo que decir, un pensamiento original que viene de su experiencia vital, de su sufrimiento, de su resistencia a la miseria y a todas las consecuencias de ésta.  
  • Respetar y garantizar la libertad de cada persona. Para que un diálogo colectivo se inscriba en una lógica de colaboración, es necesario que se establezca entre personas que ni tengan poder ni sean dependientes una de otra. Es por esto que aunque la participación empiece a menudo a nivel local, los diálogos más estructurados (en el marco de la formación de profesionales o de concertación política) deben establecerse con cierta distancia en cuanto a la vida de las personas implicadas.
  • Medir los riesgos. El método de trabajo debe de respetar al menos tres condiciones:
    - No inducir a las personas a hablar de aspectos demasiado íntimos o difíciles de los que normalmente nadie querría hablar ni compartir en público.

    - Encontrar una solución para que las personas no tengan que relatar todo el tiempo su propia historia, para que puedan apoyarse en ejemplos que no son los suyos y dar a conocer su reflexión.

    - Comprometerse todos juntos a conservar la confidencialidad sobre todo lo dicho y escrito en el trabajo común.

    - La participación puede representar otro riesgo: la incomprensión del propio entorno. Pertenecer a un grupo de referencia y ser acompañado son las condiciones necesarias para entender estos riesgos y enfrentarlos. 

    • Experiencias positivas y tiempo. Es preciso que las personas prueben a participar con otras en un evento sin que se les juzgue o se les rechace y sin que esto ponga en peligro a su familia, que se den cuenta de que esto les hace felices y les brinda alegría y fuerza a su familia. Estos primeros pasos requieren un enorme esfuerzo de parte de las personas que han perdido la confianza en ellas mismas y en su entorno.
    • Incorporarse al medio, a un grupo de referencia. A pesar del encierro al que conduce la precariedad, las personas y familias que viven en la miseria no son casos aislados. Pertenecen a un medio, encuentran apoyo en las relaciones con su familia que se agranda y sin las cuales no podrían vivir. Esos lazos con su medio les son necesarios para comprender su vida y salir de la situación en la que están encerradas. Nadie puede liberarse solo; cada uno necesita a los suyos, necesita a su medio para comprender su historia y su vida, superar la vergüenza y atreverse a actuar. Es indispensable crear espacios de libertad, de expresión y de formación donde los muy pobres puedan expresarse, escuchar a los demás, aprender, dialogar en un clima de confianza y de buena convivencia. De esta manera, las personas en situación de pobreza se dan cuenta de que no están solas, de que no son las culpables de lo que les sucede, de que la miseria no es ni una fatalidad ni una vergüenza y de que si asocian a otras personas, libremente, pueden tomar el control de sus vidas y desarrollar su pensamiento.


    Serie completa


    Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar

    Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede

    Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien

    Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar

    Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán

    Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia

    Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas

    5 jun. 2016

    Salud desahuciada

    Encuentro en el blog de Javier Segura este vídeo compartido desde la Escuela Andaluza de Salud Pública: “Desahucio y Salud”, presentado con estas palabras por Ainhoa Ruíz: “Os paso el enlace al vídeo documental que hemos realizado para difundir los resultados de un proyecto de investigación (“‘Procesos de desahucio y salud'”), que hemos hecho junto a Stop-Desahucios-15M Granada. En esta investigación hemos querido recoger las voces y vivencias de las personas que están o han sufrido un proceso de desahucio en Andalucía y la repercusión que todo ello está teniendo en su salud. También intentamos reflejar el papel que tienen las plataformas ciudadanas en este proceso y la autorreflexión que hemos hecho las personas del equipo investigador. Este vídeo es para difundir, contiene cachitos de vidas que merecen ser conocidas, escuchadas y contadas”.

    Pocas dinámicas hay actualmente en defensa y promoción de la salud como estas redes de apoyo mutuo. 



    Posología: ver este vídeo tras cada intoxicación por discursos del tipo "ya salimos de la crisis", acompañado de la siguiente canción revitalizante:


    30 may. 2016

    Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán

    8 may. 2016

    La ciencia no es un misterio

    Qué texto más majo de Fals Borda comparte Rafa Cofiño en su blog. Para saborear y repensar nuestra situación en la construcción de conocimiento:

    “No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantemente tus técnicas , pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero se receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales”.

    25 abr. 2016

    Proponiendo alternativas

    Este artículo de Abel Novoa hay que leerlo sí o sí, y de vez en cuando para que no perdamos la perspectiva:


    Post-medicina: Una alternativa ecopolítica al paradigma biomédico


    1.- Introducción

    La crisis financiera mundial, unida a la medioambiental (cambio climático, agotamiento de los combustibles fósiles, incremento de la huella ecológica) y a la social (aumento de las desigualdades y de la pobreza tanto dentro de las sociedades desarrolladas como entre el Norte y el Sur del planeta), ha puesto de manifiesto la imposibilidad de seguir alimentando un modelo basado en el crecimiento económico infinito, el progreso tecnológico dirigido por el mercado y el hiper-consumo.

    El decrecimiento económico (Latouche, 2008; Taibo, 2009) es el paradigma que emerge con más capacidad para aportar un enfoque, a la vez humanista y ecológicamente sostenible, a los retos de la “ciclogénesis explosiva” en la que nos encontramos. Su aplicación a la atención sanitaria y los servicios de salud está por desarrollar, pero, por lo pronto, decrecer en atención sanitaria para crecer en salud y equidad parece la única alternativa viable a las soluciones que tan solo propugnan “mejor gestión”, en un sistema de salud que ha perdido la visión de sus fines (Hasting, 1996). El paradigma decrecentista aplicado a la medicina y a la atención sanitaria implica un cambio total de mentalidades, prioridades y conceptos que hemos denominado, en un afán por diferenciarlo del actual paradigma biomédico, post-medicina (Novoa, 2013).

    2. Ineficiencia y falta de sentido del paradigma biomédico