6 feb. 2017

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"Las revoluciones comienzan cuando las personas definidas como problemas consiguen el poder de redefinir el problema.

Un punto clave en el desarrollo de la lucha por los derechos civiles fue la capacidad del movimiento negro de declarar el "problema blanco" como la cuestión central. La gente declarada deficiente y en necesidad se quitaba de encima sus etiquetas y conseguía bloquear a sus opresores.

Había algo revolucionario en esta estrategia. Reconocía que el papel de etiquetar a la gente como deficiente y declararla en necesidad es la herramienta básica de control y opresión en las sociedades industrializadas modernas. Los agentes con poder de etiquetar en estas sociedades son los profesionales de ayuda."


John McKnight (The Careless Society)

¿Somos conscientes del poder que tenemos muchos profesionales para encerrar a nuestrxs "usuarixs" en etiquetas que funcionan acallando su voz y justificando la necesidad que tienen de nosotrxs como interlocutores únicos frente a su "problema", desactivando así las respuestas que se puedan dar de manera más horizontal y comunitaria?

Porque a poco que lo pensemos es enfermiza nuestra obsesión por clasificar y diagnosticar la realidad, y así separar a los diferentes tipos de pobres, de enfermos, de chavalxs con problemas de desarrollo... En vez de un diálogo personal abierto con estas realidades, varias cajas en las que encerrarlas.

Abramos canales de comunicación... aunque esto nos pueda dejar fuera de juego. Seamos valientes. 

21 ene. 2017

Mañana no vuelves, ¿verdad?

Texto aportado al Seminario de Innovación en Atención Primaria sobre Continuidad/Longitudinalidad en la Atención Clínica que se celebrará en Madrid en unas semanas. 
  • La semana que viene no vuelves, ¿verdad?”. Eso es lo que le preguntó un niño a una de las animadoras de una biblioteca de calle realizada en un barrio del chabolas en el que comencé mi compromiso con ATD Cuarto Mundo hace ya 20 años. Era el primer día que iba allí, y le habían hecho la vida imposible quitándole la muleta que necesitaba para andar y burlándose de ella. “¡Claro que volveré la semana que viene!”, contestó ella con una sonrisa, desarmando el reto que le habían lanzado. Porque en aquel barrio había una larga historia de asociaciones varias y múltiples voluntarios que habían pasado y marchado en los últimos años, defraudando los vínculos y esperanzas que se establecían con quienes allí vivían, en quienes resonaba un eco subterráneo de que no eran lo suficientemente buenos como para que quienes venían a ayudar se quedasen a largo plazo. De hecho en el barrio se oía de manera recurrente “estos niños son muy malos, no sé por que venís aquí con ellos, será porque os pagan”. Así, casi mejor espantar a quién se acercaba por primera vez, ponerle a prueba para ver si iba en serio y estaba dispuesta a estar y quedarse. Superada esta prueba de fuego, las cosas fueron mucho más fáciles los siguientes días para esta animadora, y por consiguiente para todo el equipo, hasta que se volvía a incorporar alguien nuevo y… ¡vuelta a empezar! 
  • No te creas nada de lo que te cuenten, mienten siempre”. Eso me dijo el compañero con más experiencia al comenzar a trabajar en un Centro de Atención Integral a Drogodependientes en Madrid. Pese a mi rechazo inicial, a las pocas semanas tuve que darle en parte la razón: la relación con los usuarios/as del centro se centraba en controlar si consumían o no, en una dinámica cuasi-policial puesta en práctica por profesionales muchos de los cuales no teníamos formación específica en drogas y no llegamos a durar ni un año en el puesto. Un caldo de cultivo ideal para que se busque el atajo que permita conseguir lo que se quiere y escapar del castigo siempre amenazante, sin dejarse marear por quienes estábamos aterrizando en un mundo que desconocíamos utilizando frecuentemente la autoridad de la bata como escudo para ocultar nuestras inseguridades. Además, los vínculos posibles son tan efímeros con tanto profesional en tránsito que, ¿cómo puede surgir así la confianza, que necesita un largo plazo para brotar? 
  • ¿Porqué no queréis a nuestros hijos?”. Esa fue la pregunta que nos lanzó en un taller sobre salud una mujer gitana rumana, que contaba como en todos los lugares donde había estado en sus largos años de viaje por Europa enseguida se le acercaban dispositivos sanitarios para tratar de convencerla de que debería utilizar anticonceptivos y así no tener más hijos. Otros temas de salud solo salían si ella lo demandaba. Así, los profesionales que la han atendido han sido muchos y diversos, pero la línea de actuación desde el sistema sanitario ha sido bastante homogénea y estable a lo largo del tiempo, remarcando el control de la natalidad como algo que estas familias debían adoptar como prioridad y señalándolas como irresponsables o incapaces si no lo hacían. 
Me vienen estos tres ecos a la memoria al pensar en la continuidad de la atención y los colectivos en exclusión social. La multiprecariedad vital en la que viven hace que muchas veces tengan que peregrinar de manera frecuente y recomenzar de nuevo en nuevos lugares, pero aún cuando esto no es así sus vínculos y relaciones son también muy vulnerables, con idas, venidas y frustraciones acumuladas que hacen que muchos no quieran asociarse con ellos o lo hagan solo temporalmente. Y esto no hace sino agravar su inseguridad vital, pues además se les culpa del fracaso de la relación, sea personal o profesional: “No quiere poner nada de su parte”, “no se esfuerza lo suficiente”, “yo he hecho todo lo posible, el resto es cosa suya”… Diferentes manera de enfrentarse a la impotencia que compartimos muchas veces con ellos pero de la que nos queremos desembarazar echándola exclusivamente sobre sus espaldas. 

Pero sí que hay ejemplos de atención longitudinal y de calidad con estos colectivos. Para mí un ejemplo claro es el de la UVAAD (Unidad de seguimiento cercano y Apoyo a la Atención Domiciliaria perteneciente al Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Gregorio Marañón). En ella se viene trabajando desde hace años con pacientes infectados por el VIH que por diferentes razones (aunque en casi todos los casos relacionadas con una situación de exclusión social) han tenido dificultades en el seguimiento de unas pautas de tratamiento y en el control evolutivo de su enfermedad en otras unidades. Un estudio realizado en esta unidad durante el periodo 2004-2006 demostró que la intervención de la UVAAD mediante un abordaje específico, individualizado, interdisciplinar, activo y sostenido, atento a los aspectos psicológicos, sociales y sanitarios en el día a día y en el entorno del paciente es capaz de neutralizar efectos negativos clásicamente asociados al fracaso terapéutico en pacientes con infección VIH, con una eficacia similar a la de cualquier nuevo antirretroviral puesto en el mercado comparando las mismas variables (supervivencia, adherencia al tratamiento, etc.). Pero esto no se logra por casualidad. Es fruto de dos claves de partida compartidas por el grupo de profesionales que lo puso en marcha: por un lado la indignación y ganas de entender las causas que permitían la muerte de muchos jóvenes cuando ya había tratamiento para el VIH, pero que estos no tomaban; por otro el compromiso que nace de asumir la responsabilidad profesional que se tiene frente a esto, sin tirar del comodín "es que no hace lo que le digo". Y ese compromiso es el que les llevó a patearse los barrios de chabolas, a analizar con la gente sus dificultades y a buscar soluciones adaptadas.

En un trabajo que realizamos para valorar las claves de la eficacia de estar unidad bajo la perspectiva de los pacientes que acudían a ella, había tres claves que sobresalían para ellos: el trato personal, la continuidad en el tiempo y la atención integral. Tres características que justamente suelen echar en falta quienes viven en exclusión en otros dispositivos y que, si bien son importantes para todo el mundo, lo son aún más cuando menos seguridades vitales se tienen.

Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los colectivos excluidos es fácil constatar que la mayor parte de las intervenciones que reciben por parte de los profesionales mantienen unas constantes inmunes al paso del tiempo o al cambio de espacio: el desconocimiento de sus capacidades y inteligencia, la continua suspicacia y evaluación, la puesta en cuestión sobre si pueden o no atender debidamente a sus hijos e hijas, etc. Así, terminan sintiéndose encerrados en su papel de víctimas incapaces, y desde ahí no hay casi margen para la promoción personal y el desarrollo de habilidades para el cuidado propio y de otras personas. No hay más que pensar en el título que les colgamos últimamente: “colectivos vulnerables”. Es importante reconocer estas dimensiones de fragilidad que sufren, pero si nuestra mirada solo se focaliza en sus necesidades, incapacidades y dificultades, ¿cómo promover dinámicas que no caigan en la dependencia o el asistencialismo?

Es verdad que muchas veces, frente a quien viene de una realidad muy diferente a la nuestra, marcada por la pobreza y la exclusión, la comunicación es difícil. Cuesta el diálogo porque venimos con claves y herramientas diferentes, no se trata sólo de que el otro no sepa expresarse o comprender. Nosotros tampoco entendemos la realidad de la exclusión vivida desde dentro, y también nos cuesta un mundo expresarnos con claridad en un lenguaje comprensible.


Por eso precisamente necesitamos tiempo, mucho tiempo y voluntad de diálogo y aprendizaje. Porque quienes viven en pobreza y exclusión pueden enseñarnos mucho sobre lo que supone vivir en condiciones muy difíciles y cuáles son las claves de acción que pueden ser realmente efectivas en estas situaciones. ¿Cómo debemos acercanos a colectivos nómadas, o a las personas sin techo, o a quienes están en prisión? ¿Qué necesidades tienen, cuáles son sus prioridades de actuación? Solo apostando por una presencia a largo plazo al lado de quienes viven en estas condiciones, poniendo las bases para la confianza y el reconocimiento mutuo, será posible encontrar pistas que nos ayuden a avanzar en una línea común y promotora de salud. Una salud que debemos construir en diálogo, mirándonos cara a cara.

19 dic. 2016

Claves de la salud

Del Colectivo Silesia no hay que perderse nada de lo que publican. Como muestra, el botón de este post de Javier Padilla sobre cómo se interrelacionan el trabajo, los bajos ingresos económicos y la salud, ahora que la nueva ministra del ramo sanitario apunta al empleo como la clave de una buena salud. 

El empleo como tarjeta sanitaria.



Cuando uno piensa en cómo hacer que sus servicios públicos sean justos, equitativos o la palabra que queramos usar para decir que estén alineados con la corrección moral que la sociedad quiera dar a dicha distribución, se hace tres preguntas: ¿qué voy a repartir? ¿entre quiénes voy a repartirlo? y ¿cómo voy a hacerlo?
En el caso de la sanidad, el qué en disputa en los últimos años ha sido el derecho a la asistencia sanitaria, el cómo se ha ido haciendo de diferentes maneras según el lugar, pero la verdadera clave está (y estará) en el entre quiénes.
La evolución de nuestro sistema sanitario ha sido la de evolucionar hacia una universalización gradual de la cobertura que, a partir del año 1999, trataba de desvincularse del papel regulador del trabajo; esto es, la transición de un modelo de seguridad social a un sistema nacional de salud daba un paso fundamental en el paso de “asegurado” a “sujeto de derecho”, pasando del “asegurado porque cotiza -porque tiene empleo remunerado- al “sujeto de derecho porque es miembro legítimo* de la sociedad”.
El empleo como llave que todo lo abre.
El empleo (tenerlo o no, y en el caso de tenerlo cuáles sean sus condiciones) es un determinante de salud; eso es algo que tenemos claro. Lo que no acabamos de ver tan claro es que además de determinante de salud sea llave para el acceso a servicios públicos que garanticen la posibilidad de vivir -pensión, asistencia sanitaria,…-. Este deriva es la que Guillermo Zapata describía magistralmente hace dos años en un artículo de eldiario.es:
El workfare vendría a ser la fórmula neoliberal del wellfare (el estado del bienestar de toda la vida) y se basa en vincular los derechos principalmente a dos campos: el empleo y la nación.
Este workfare es el que hace que en los últimos años la asistencia sanitaria en España haya fortalecido su vinculación con la Tesorería de la Seguridad Social y ya no sea la pertenencia a la sociedad la que haga de llave de entrada para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria, sino que es el beneplácito de la institución recaudadora de las cotizaciones ligadas al trabajo la que lo hace.
En su primera intervención como Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat hizo una defensa de la creación de empleo como forma de garantizar la expansión de la cobertura sanitaria y, en general, el sistema de bienestar… se le olvidó añadir que ese sistema de bienestar quedaría acotado a las personas que “disfruten” de esos empleos.
Partimos de la base de que 1) el empleo continúa configurándose como la puerta de entrada a los derechos sociales, 2) el empleo supone un determinante de salud fundamental, 3) la falta de empleo -¿o más bien de recursos?- se relaciona con peor salud y la tendencia es a vincularla con falta de acceso al sistema sanitario -y otros servicios públicos- y, fundamentalmente, 4) vamos hacia (eufemismo de un futuro muy presente) la era de la no existencia de empleo para toda la población.
Rentas mínimas, rentas básicas y salud… ¿qué sabemos de esto?
Con todo esto podemos afirmar que estamos configurando un sistema en el cual la puerta de acceso es una por la que no vamos a caber todxs… a no ser que se abran puertas alternativas. Una de las puertas alternativas que se plantean, dentro del intento de desvincular empleo y derechos, es la implantación de una renta básica (más o menos incondicional, según autorxs) que desvincule la necesidad del empleo de la subsistencia y desarrollo de una vida que pueda ser digna (este enfoque de dignidad de la vida vinculado a la salud es el que se defiende en un artículo publicado en 2007 en la revista Ciência $ Saúde Coletiva narrando la experiencia brasileña de expansión de rentas y su vinculación con la salud).
¿Qué sabemos de cómo repercurtiría este cambio de foco en la salud de las personas y las poblaciones? La literatura sobre los efectos de una renta básica sobre la salud no es muy prolija, aunque sí hay más datos sobre los beneficios para la salud de poner recursos económicos en las manos de las personas que no los tienen.
Recientemente fue publicada una revisión sobre “El impacto de las rentas mínimas en la salud poblacional: evidencia de 24 países de la OCDE”. Esta revisión no habla de rentas básicas sino de rentas mínimas, pero alguna de sus conclusiones pueden ser interesantes para ver por dónde pueden ir los efectos de la expansión en cobertura y no-condicionalidad de estas iniciativas. En el artículo se afirma que incrementos del 10% en una escala de valoración de la “bondad” de la renta mínima se relacionó con disminuciones de la tasa de mortalidad y con incrementos de 0.44 años en la esperanza de vida; los ámbitos de impacto de estas rentas mínimas en materia de salud que se mencionan en el artículo van desde la disminución de la pobreza, la reducción del porcentaje de población con necesidades médicas no cubiertas por motivos económicos, la tasa de tabaquismo o la prevalencia de sobrepeso.
En relación con rentas no condicionales en 2014 la revista PLoS One publicó un artículo titulado “Impact of the non-contributory social pension program 70 y más on older adults’ mental well-being.”; en él se redactan las siguientes conclusiones:
“Estos resultados sugieren que una renta no condicional en personas mayores tiene un impacto más allá de la esfera económica, llegando a impactar incluso en el bienestar mental. Este efecto podría explicarse por los sentimientos de seguridad y bienestar producidos por la pensión. Es recomendable que los gobiernos inviertan en universalizar los programas de pensión no contributivas para asegurar una renta básica en las personas mayores”
Probablemente el experimento mejor documentado en relación con los efectos sobre la salud de renta básica no condicional de base individual fue el llevado a cabo a mediados de los años 70 en un pueblo de Canadá: Dauphin, donde se observó cómo una renta individual, no condicional y periódica disminuyó las consultas médicas por problemas de salud mental y los ingresos por accidentes y lesiones. Estos resultados se han visto refrendados por algunas experiencias y experimentos posteriores.
En un artículo recientemente publicado en el BMJ “A universal basic income: the answer to poverty, insecurity, and health inequality?” se aborda nuevamente este tema abundando en los ejemplos al respecto.
Si está bien documentado que la baja renta, la desigualdad social y la inseguridad laboral se relacionan con malos niveles de salud, parece lógico pensar que medidas encaminadas a aumentar la renta, disminuir las desigualdades sociales y hacerlo de forma no condicional, esto es, incrementando la seguridad al respecto de la misma podrá tener un efecto positivo sobre la salud de la población.
El empleo no puede ser la llave que abra las puertas de una vida digna, especialmente cuando el empleo es un fenómeno probablemente en vías de extinción (o al menos de escasez). Contradiciendo a lo que dijo la ministra de sanidad, servicios sociales e igualdad, probablemente la mejor forma de garantizar la salud de la población y la sostenibilidad social de nuestros servicios públicos sea logrando que la gente no tenga que desempeñar trabajos de mierda para poder acceder a los servicios públicos fundamentales.
(*) esta “legitimidad” es lo que hace que el poseer el derecho a la asistencia sanitaria haya ido fluctuando hasta llegar a cada vez más gente hasta que en el año 2012 se restringió nuevamente y tomó un cariz mucho más ciudadanista, excluyendo a aquellas personas en situación de irregularidad documental.

28 nov. 2016

Expertos/as en Salud y Vivienda


Desde que el 15M cuajó en los barrios paralizando desahucios, la cuestión del derecho a la vivienda ha ocupado un lugar central en el debate social. Pasamos de un momento anterior en el que la vivienda aparecía identificada como inversión segura y rentable a otro tiempo en el que de repente parecíamos tomar conciencia como país en el que no todas las personas tenían garantizado el acceso a la misma.

Sin embargo los desahucios hipotecarios no hacían sino añadir nuevas familias y colectivos a un saco en el que desgraciadamente algunas otras personas llevaban ya mucho, mucho tiempo. No hay más que constatar que el Día de las Personas Sin Hogar, celebrado estos días, va por su edición número 24 en España. Los datos que ofrece Cáritas son escalofriantes: 40.000 personas en situación de calle, más 3,6 millones que viven en una situación de vivienda insegura (sin título legal, con notificación de desahucio o bajo amenaza de violencia) y 5 millones que residen bajo un techo inadecuado(en estructuras temporales, asentamientos o chabolas, sin acceso a los suministros básicos o en hacinamiento). Y aunque el imaginario social sólo piense en el primer grupo cuando hablamos de personas sin hogar, según la clasificación ETHOS, que es la más reconocida a nivel europeo, todas estas realidades están incluidas bajo este paraguas.

¿A qué esperamos? ¿No son cifras suficientemente catastróficas? ¿O es que seguimos sin ser conscientes de lo que supone el no tener acceso a una vivienda digna, como si esto fuera algo secundario o circunstancial?

Cuando en algunas situaciones se han producido suicidios ante la amenaza de un desahucio, de repente nos damos cuenta de que hay algo más en juego: no se trata solo de ladrillos y canalizaciones, sino que la propia vida humana se pone en jaque. Pero más allá de estos casos extremos, la vivienda es un determinante fundamental de la salud, algo ya señalado hace bastantes años por diferentes grupos e investigadores (para muestra el trabajo de "Vivir en San Diego" realizado en Vallecas en 1994). Desde la Unión Europea se recoge el interés renovado que hay por este tema, y así uno de los campos incluidos en el Proyecto Sophie (que estudia el impacto de las políticas estructurales en las desigualdes sociales en salud) es el de la vivienda junto con la pobreza energética.

Poco a poco vamos sumando evidencias, clarificando algunas cosas, pero... ¿Porqué no llegar hasta el final para entender de verdad el problema? ¿Porqué no sumar los diferentes saberes y conocimientos, y no sólo los que vienen de la academia o de la práctica profesional, incorporando a quienes sufren las situaciones de inadecuación o falta de acceso a la vivienda no sólo como informantes, sino como parte del equipo investigador?

Desde esa clave venimos trabajando en ATD Cuarto Mundo desde siempre, y desde esa premisa lanzamos hace dos años una dinámica que ha cuajado hoy por hoy en la Asamblea por la Vivienda Digna para Todas las Personas. Dos años que han dado para aprender mucho juntxs, para reconocer lo que cada persona de las que participa en esta apuesta puede aportar.

Así, Javi, que se quedó fuera del realojo del barrio de chabolas en el que vivía hace 15 años, y que lleva desde entonces a salto de mata entre casas de familiares, furgonetas y prefabricados, nos ha permitido entender mejor que nadie las diferentes barreras que existen en los mecanismos de solicitud de vivienda social, y como, según sus palabras "quien está peor es al que más difícil se lo ponen. Cada cambio de la normativa nos ha castigado más a quienes peor lo tenemos".

Pero Javi también explica muy bien cómo esta situación afecta a su salud: "Ya no tengo fuerzas. Llevo tantos años luchando por encontrar una solución, por encontrar una salida, que ya estoy agotado. Cada vez que intento dar un paso adelante, no sólo no lo consigo, sino que muchas veces las cosas se vuelven contra mí y termino peor de lo que empecé. ¿Sabes lo que significaría para mí poder salir a buscarme la vida sabiendo que cuando vuelva mis hijos estarán allí, seguros, jugando o durmiendo, pero protegidos? ¿Sabes lo que sería poder irme sin miedo a que les pase algo, o a que venga la policía? ¿Poder cerrar y abrir la puerta con confianza? Mi cuerpo ya no puede más. Muchas veces siento un dolor fuerte aquí, donde el corazón, como si me fuera a explotar. Y siempre estoy de mal humor, ya no tengo ganas de nada, ni siquiera de estar con mis hijos, que son los que siempre me han hecho que siguiera hacia adelante. Esto me está matando. No se puede vivir así, de esta manera. Es todo esto que vivimos, esta impotencia. Eso es lo que me está matando".

Alfredo, otro participante en el grupo, lleva diez años sin vivienda desde que salió de la de su madre con su mujer y su hijo, y para evitar la ruptura de su familia no ha encontrado otra opción que ocupar pisos vacíos. Mientras tanto ha seguido solicitando vivienda social, hasta que se cansó de no obtener respuesta pese al gran esfuerzo que le suponía recabar toda la documentación que le pedían. Ahora, en la última vivienda en la que está, el banco propietario le ofrece un alquiler social.

Su experiencia le permite señalar algunos elementos claves respecto a las políticas de vivienda "de especial necesidad". Por un lado, la falta de responsabilidad de la administración pública respecto a estas realidades: "Llevo toda la vida solicitando una vivienda pública, y nunca he obtenido respuesta. Y al final mi única opción de tener una casa depende de que un banco decida ser bueno conmigo". Por otro, que las soluciones temporales, como las que se plantean en el Plan de Viviendas de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, no sirven: "Cuando se está en la pobreza desde siempre, para poder salir adelante y sacar la cabeza necesitas una seguridad, un tiempo, el saber que vas a estar en un mismo sitio sin miedo a que te echen al día siguiente. Porque si no tienes esa seguridad no te atreves a intentar cosas, por miedo a que luego todo tu esfuerzo no valga para nada. Y, si tuviéramos esa seguridad, necesitaríamos varios años para poder ir poco a poco recomponiendo nuestra vida".

Miedo, soledad, inseguridad, impotencia... Palabras que se repiten una y otra vez, y que me hacen recordar esos dos elementos señalados por Marmot como claves en relación a la salud: el ser capaz de actuar, de decidir en tu propia vida, por un lado, y el ser parte de redes, el estar con otras personas, por otro.

Por eso me pareció muy potente el que el año pasado, como primer lema de la Asamblea por la Vivienda Digna para Todas las Personas, surgiera este: "Juntos perderemos el miedo para luchar por nuestros derechos". Y esa ha sido nuestra búsqueda, el construir juntxs, el aprender mutuamente y buscar como actuar colectivamente. Así, cada unx hemos aportado nuestro conocimiento y saber hacer: Eva sus conocimientos de urbanismo y su contacto con jóvenes en la Universidad, Rosa su buen dibujar y su experiencia de lucha desde unas condiciones de vida muy difíciles, José su activismo y contacto con todas las redes de lucha por la vivienda habidas y por haber, Pedro su buen humor y presencia en un barrio popular como Vallecas desde pequeño, Lourdes su capacidad para animar reuniones grupales y su experiencia como trabajadora social en zona con problemas graves de exclusión y convivencia, Pilar su conocimiento desde dentro de las instituciones, Carmen su experiencia como realojada en un lugar que no respeta su cultura ni costumbres...

Un lujo, está siendo un lujo poder formar parte de este verdadero comité de expertos/as. Es mucho lo que se puede aprender cuando nos atrevemos a crear las condiciones para poder trabajar en común. Y es desde está base desde la que lanzamos el proyecto de producir un informe, "Realojando Derechos. Diagnóstico y Alternativas en la Lucha por la Vivienda", que recoja todas esta experiencia acumulada y la ponga en diálogo con otras como la del barrio de Las Sabinas, en Móstoles, pendiente de un desmantelamiento que puede dejar a más de la mitad de las familias en la calle.

Queremos seguir haciendo camino, llegar más lejos en nuestra lucha por el derecho a la vivienda sin exclusiones, sin dejar a nadie fuera. Pero para eso necesitamos apoyos, económicos y personales. Por eso esta campaña de crowdfunding. Por eso os esperamos.









2 oct. 2016

Escuchar

Un texto que aporta luz, y mucha, sobre cómo acompañar y recibir a la otra persona. Un regalo de Romualdo Jardón encontrado en el blog cuarteles de invierno.


"La empatía no es ponerse en lugar del otro. Eso es imposible. Uno no puede saber, si no lo ha sufrido, qué se siente cuando se muere un hijo, cuando te dicen que tienes cáncer, cuando te desahucian, cuando la vejez se lleva la libertad, cuando no tienes dinero para dar de comer a los tuyos, cuando te pega tu marido, cuando sufres un accidente de tráfico o cuando tu mujer se va con otro. Además, los médicos somos clase económica y cultural alta. Existen problemas que sufren las personas que nos consultan que ni imaginamos, mucho menos vamos a ser capaces de entenderlos. Pensar lo contrario forma parte de la soberbia que nos adorna a la mayoría. Y es que intentar ponerse en los zapatos del otro conduce, en demasiadas ocasiones, a errores que dinamitan la relación con el paciente. Corres el riesgo de creer que está triste, cuando está enfadado, rabioso cuando resignado, alegre cuando ansioso. Empatía es otra cosa. Empatía es generar y favorecer espacios y tiempos en los que la persona, de un modo seguro, tranquilo y confiado, pueda expresar cómo se siente y lo haga usando el canal que considere más adecuado (hablando, pintando, llorando, escribiendo, callando…)."


Romualdo Jardón
Mentiras perversas de la medicina humanista
  Ed. Renoir
Bogotá. 2000

14 sept. 2016

Sobre la ciudadanía biológica

Leer a Didier Fassin siempre resulta una aventura, porque no para de abrir ventanas y cerrar las salidas fáciles para cuestiones que muchas veces cerramos en falso. Por eso su documento "El hacer de la salud pública" debería ser lectura obligada para todas aquellas personas a las que interese el tema. Acá rescato el final, en el que extrae las consecuencias de una serie de casos de saturnismo en casa de bajas renta que salieron a la luz en Francia en los años 90 y que terminaron con un cambio legislativo a finales de esa década:

"La salud pública es esta actividad cultural por la cual un hecho biológico – la intoxicación por plomo de los niños- es construida como hecho social. Una  epidemia de saturnismo infantil. Con su cifras e imágenes, sus características económicas, sus modelos etiológicos y sus respuestas prácticas. Pero también es, de manera simétrica, esta actividad cultural por la cual un hecho social- la precarización económica y jurídica de las familias inmigrantes y su marginalización en los segmentos más insalubres de las habitaciones- puede ser leído como un hecho biológico. A saber, una enfermedad de la cual se reconstituye su trama para combatirla. Es decir, es también política.

(...)

Si aceptamos que la salud pública, como situación, es también producida socialmente por las condiciones de existencia y los modos de vida, por el ambiente doméstico y el medio de trabajo, y de manera más global, por los grandes procesos que estructuran nuestras sociedades, entonces la dirección de intervención resulta claramente indicada. Se trata de hacer la lucha contra las desigualdades sociales, como prioridad y como grilla de lectura e instrumento de evaluación de la acción pública, y más específicamente, de la salud pública. ¿Cómo reducir las desigualdades? Esta debería ser la pregunta acuciante de toda política social o sanitaria, en lugar de:¿cómo mejorar un estado medio de salud? Estamos lejos de eso. La ley de salud pública del 9 de agosto de 2004, la primera tras un siglo, no considera esta propuesta, Mientras que la reducción de las desigualdades de salud es uno de los nueve principios generales anunciados, su articulación en los cien objetivos es casi inexistente. Los instrumentos para evaluar la eficacia de las acciones al respecto no existen y el ministerio de salud ha rechazado una propuesta parlamentaria, que incluía la consideración de los factores de desigualdad en salud y prefiere una formulación que se limita a las actividades de cuidado, prevención y promoción de la salud. O, como se ha visto con el saturnismo infantil, una lucha eficaz contra esta enfermedad particularmente desigual debería movilizar también a otros sectores, más allá de salud.

En fin, la dimensión política de la salud pública se puede entender en un sentido
más vasto. Detengámonos un poco. Para que el Estado se comience a preocupar por las condiciones a menudo sórdidas de las habitaciones populares, las más precarias en las habitaciones vetustas de las grandes ciudades y de sus barrios, ha sido necesario que los niños estén gravemente intoxicados y más aún, que sus casos sean objeto de publicidad, y toda la acción de las organizaciones humanitarias (no olvidemos que los dos ministros que han llevado el proyecto de ley, apoyados por las mayorías parlamentarias diferentes, son fundadores de Médicos sin Fronteras). Lo que el atentado a la dignidad humana no había provocado, se ha obtenido mediante el argumento sanitario y a veces el llamado a la compasión. Otros ejemplos pueden dar cuenta de esta evolución moral: para hacer aceptable los cuidados a los heroinómanos, se ha debido mostrar, que ellos no eran marginales peligrosos para otros y sujetos de una acción policial, sino seres psicológicamente sufrientes, con riesgo de infecciones, y necesitados de medidas médicas; para regularizar los extranjeros, cada vez más se invoca una enfermedad grave que tiene resultado, cuando todas las otras vías de recurso se han cerrado.


A menudo hoy, el cuerpo ha devenido el último recurso por el cual se justifica una acción pública, basándola en la generosidad con los más débiles y dominados. Se tiende a definir lo que Adriana Petryna llama una “ciudadanía biológica” por la cual las personas mas precarizadas encuentran un lugar en la ciudad por la enfermedad – y aún, me atrevo a decirlo, gracias a ella. La salud pública ocupa un lugar creciente en la acción pública, todos apelan a ella para hacer valer prerrogativas, y de una manera general, que la consideración de los trastornos del cuerpo se ha vuelto más presentes en nuestras vidas, en alguna medida puede ser motivo de satisfacción. Pero debemos preguntarnos sobre el significado y las implicaciones del contrato social que vincula a los miembros de nuestra sociedad, como una tendencia creciente a legitimar por el sufrimiento o la enfermedad, los derechos que debemos reconocer a los más precarios o vulnerables. Ante esta cuestión ética y política, los actores presentes y futuros de la salud pública no pueden permanecer indiferentes."


8 sept. 2016

#eldañoestahecho

Para completar el artículo recogido en la entrada anterior nada mejor que escuchar a la realidad, como se lanzaron a hacer en un barrio de Mallorca, para entender mejor los efectos de criminal decreto ley que cambió nuestro sistema sanitario.


#eldañoestahecho from Marina Trigueros on Vimeo.

23 ago. 2016

Sin perdón

Por su interés, copio este artículo de Juan Luis Ruíz-Giménez aparecido en Diagonal.

 

La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012


En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.

Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomas con respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.

Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardado cuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.

La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.

El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.

Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:

En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.

Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.

Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.

Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.

La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.
 
En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.

Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.

Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.

En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.

Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.

Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.

Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.

La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.

Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.

La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.

En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de 'prestaciones sanitarias gratuitas' o 'bonificadas' con total desconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagando un sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.

Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.

Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

17 ago. 2016

Cuando brota la vida

Información extraída del artículo "La Geria o el viñedo surrealista"

"Entre 1730 y 1736, una sucesión de erupciones volcánicas cubrió de lavas y cenizas gran parte de la isla de Lanzarote. Lejos de amilanarse por la contrariedad que supuso la desaparición de las mejores tierras de cultivo, los isleños buscaron ingeniosas soluciones que acabaron por mejorar la producción agrícola local.

Una de las zonas más afectadas por las erupciones fueron los valles interiores. Algunas zonas se cubrieron con más de dos metros de lapilli (pequeñas piedrecitas volcánicas de color negro que los locales llaman picón). A través de pruebas, los campesinos descubrieron que los restos de las erupciones ayudaban a conservar la escasa humedad que riega los campos de la isla. Estas piedrecitas son higroscópicas, esto es, atraen al agua y la conservan en su interior. Los cultivos cubiertos con este tipo de materiales mantienen de manera natural la humedad; algo muy valioso en un lugar como Canarias.

En La Geria, paisaje protegido por el Gobierno de Canarias, había que solventar, a parte de la secular racanería de las nubes, otro problema: el viento. La solución fue ingeniosa. Había que cavar agujeros de hasta dos metros de profundidad para buscar el suelo agrícola primitivo. Los agricultores aprovecharon esta contingencia para proteger, de esta manera, los cultivos de la acción del viento. Una complicada red de muros y barreras de piedra completan el ingenio. El resultado es un mosaico increíble que convierte al lugar en uno de esos sitios casi surreales de los que hay pocos."



Leyendo estas líneas, que tan bien recogen no solo el paisaje, 
sino la capacidad de diálogo del ser humano con la naturaleza 
para conseguir que brote la vida incluso en las condiciones más adversas, 
no hago más que preguntarme si no es este un modelo a seguir y promover como ejemplo y no sólo como excepción curiosa. 

¿Cuándo nos decidiremos a apostar por unos cuidados que nos permitan profundizar en nuestras raíces, más allá de la tierra quemada que pueda haber, con una protección suficiente frente a la intemperie, pero que al mismo tiempo nos permita crecer en libertad?

¿Cuando apostaremos de verdad no sólo por solventar lo aparente, 
sino por crear las condiciones que nos permitan 
a cada uno y a cada una 
generar vida a nuestro alrededor? 

¿Cuándo? 

29 jun. 2016

Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas


Serie completa

Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar

Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede

Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien

Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar

Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán

Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia

Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas